lunes, 10 de febrero de 2020

El gobierno declara la emergencia climática

El Ejecutivo declaró la emergencia climática y ambiental el pasado 21 de enero, en respuesta al consenso generalizado de la comunidad científica que reclama acción urgente para salvaguardar el medio ambiente, la salud y la seguridad de la ciudadanía.

El informe anual del Foro de Davos, cita la falta de ambición en mitigación y adaptación al cambio climático y los fenómenos meteorológicos extremos como las dos amenazas de mayor magnitud para la economía global.

Ante esta emergencia climática, se fija el acuerdo del Gobierno que marca como “único camino posible” alcanzar la neutralidad climática en 2050, un objetivo que constituye una oportunidad para avanzar en la modernización, innovación y mejora de la competitividad de la economía española, generando empleo de calidad. 

Se trata de un “proyecto de futuro en común, en línea con los compromisos adquiridos con la Agenda 2030, una agenda integral de paz y solidaridad, en favor de un desarrollo sostenible para todas y todos, que pone a las personas y al planeta en el centro de la acción política”. De esta manera, se encauza el proceso de transformación en positivo de nuestra economía y de nuestra sociedad, que se basa en la ciencia y en el principio de prudencia económica, contribuyendo a asegurar las oportunidades de los más jóvenes, la justicia intergeneracional y una mayor equidad y disminución de la desigualdad en las generaciones actuales.

El Ejecutivo se compromete a: 

  • Llevar a las Cortes un proyecto de ley que garantice alcanzar las emisiones netas cero no más tarde de 2050, impulsado para ello un sistema eléctrico 100% renovable, un parque de turismos y de vehículos comerciales con emisiones de 0 gramos de CO2 por kilómetro, un sistema agrario neutro en emisiones de CO2 equivalente, y un sistema fiscal, presupuestario y financiero compatibles con la necesaria descarbonización de la economía y de la sociedad. 
  •  Definir la senda de descarbonización a largo plazo de nuestro país, que asegure el objetivo de neutralidad climática a más tardar en el año 2050. 
  • Invertir en un país más seguro y menos vulnerable frente a los impactos y riesgos del cambio climático. En esta línea, se presentará el segundo Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático incluyendo el sistema nacional de observación del clima y la elaboración de un menú de indicadores de impacto. 
  • Reforzar los mecanismos de participación ya existentes con una Asamblea Ciudadana del Cambio Climático, cuya composición contará con el mismo número de mujeres que de hombres e incluirá la participación de los jóvenes. 
  • Impulsar la transformación de nuestro modelo industrial y del sector servicios a través de Convenios de Transición Justa y de medidas de acompañamiento. 
Otra parte de las medidas está centrada en asegurar la transformación del sector financiero público y privado para garantizar su viabilidad y la estabilidad del sistema.

La Declaración recoge la necesidad de adoptar la Estrategia de Economía Circular y una Ley de Residuos que aborde el problema de los plásticos de un solo uso, para alcanzar “residuo cero” en el horizonte 2050. 

También se recuerda que la región mediterránea, en la que se incluye a España, está considerada uno de los “puntos calientes” globales en materia de cambio climático, que incide directa e indirectamente sobre un amplio conjunto de sectores económicos y sobre todos los sistemas ecológicos españoles, acelerando el deterioro de recursos esenciales para nuestro bienestar como el agua y el suelo fértil, y amenazando la calidad de vida y la salud de las personas. Todo ello obliga a aprovechar las sinergias entre las políticas de la lucha contra el cambio climático y la conservación de la naturaleza, ambas fundamentales para garantizar el bienestar y supervivencia de la humanidad. Leer más

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