El pasado 1 de enero, el gobierno ordenó el cierre de las 26 explotaciones de Asturias, Aragón y Castilla y León que quedaban en España; de las que solo 12 estaban en activo. Este cierre se debe al cumplimiento de la decisión 2010/787/UE del Consejo Europeo, que obliga al cierre de las minas de carbón en territorio comunitario que no hayan devuelto las ayudas estatales percibidas en el periodo 2011-2018. Se trata de un compromiso adquirido por el Gobierno con la Comisión Europea a principios de esta década, cuando Bruselas concedió la prórroga final a esta actividad económica, considerada deficitaria.
El carbón se emplea fundamentalmente, en la generación de electricidad en centrales térmicas. Está en el punto de mira de las políticas medioambientales europeas por ser altamente contaminante. Esta actividad acumula alrededor del 15% de todos los gases de efecto invernadero de la economía española.
Millones de toneladas de CO2 equivalente emitidas en 2017.(Fuente: Carbunión y Comisión Europea)
Las normas europeas van encaminadas a hacer desaparecer las centrales térmicas. Desde hace varios años se obliga a las plantas a pagar más de 20 euros por cada tonelada de CO2 que expulsen a la atmósfera. Leer más
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